La Lucha de una Madre: 20 Años Buscando la Verdad sobre la Muerte de su Hijo en un Cuartel

Hay batallas que no se libran en un campo de guerra, sino en pasillos de tribunales y frente a pilas de expedientes. Esa es la lucha que Susana Mónica Pintos emprendió hace más de veinte años, una que comenzó la mañana del 26 de junio de 2003. Ese día, su hijo, Mauro José Francisco Ramírez, un soldado voluntario de 22 años, murió de un disparo en el corazón mientras hacía guardia en el Regimiento de Infantería de Monte 30, en Apóstoles, Misiones.

La versión oficial fue rápida y contundente: suicidio. Apenas tres meses después del hecho, la causa fue archivada. Para la justicia, el caso estaba cerrado. Para Susana, apenas comenzaba. Ella nunca creyó que su hijo, un joven con planes de casarse y alquilar una casa, se quitara la vida. “¿Qué persona llena de proyectos se quita la vida?”, repite cada vez que cuenta su historia. Mauro había llevado a su puesto de guardia mate, música y objetos personales, detalles que para su madre eran señales de una rutina, no de una despedida.

Las dudas de Susana encontraron eco en las pericias. Un informe balístico determinó que el disparo del fusil FAL se habría efectuado a más de 25 centímetros del cuerpo y con una trayectoria descendente, una dinámica poco compatible con un acto autoinfligido. A esto se sumaron irregularidades que la madre denunció desde el principio: supuestas cartas que Mauro habría escrito la noche anterior y que desaparecieron del expediente, la imposibilidad de reconocer el cuerpo y presiones para que firmara documentos sin leer.

Durante años, el caso pasó por distintas instancias judiciales, reabriéndose y volviéndose a cerrar, sumiendo a la familia en un laberinto burocrático. Pero la persistencia de una madre puede ser más fuerte que el tiempo. Más de veinte años después, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó reactivar la investigación, abriendo una puerta que parecía sellada para siempre.

El fallo, aunque dividido, fue un giro radical. Los jueces Alejandro Slokar y Carlos Mahiques ordenaron indagar a un suboficial y a otro soldado que estaban con Mauro ese día y que hasta ahora solo habían declarado como testigos. El argumento del juez Slokar fue clave: señaló que el caso presenta elementos para ser considerado como un posible acto de “violencia institucional”, mencionando los vínculos personales entre el juez original de la causa, las autoridades militares y los policías que intervinieron en las primeras horas.

Para Susana, esta decisión judicial no es un final, pero sí una luz. Es la esperanza de que, después de dos décadas de insistir contra un sistema que le dio la espalda, finalmente pueda obtener la respuesta a la pregunta que la desvela. Como ella misma dice: “No busco venganza. Quiero saber qué pasó con mi hijo”. Su lucha no es por revancha, sino por la verdad, el único cierre posible para una herida que sigue abierta.